Claro que entendemos que proponer, discutir y aprobar en el
Congreso, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, va a estar como
en Chino, porque si se buscara tener una legislación que satisficiera racionalmente
a toda la población, iría en contra de los intereses de quienes serían los
encargados de tales reformas: los H. diputados. Pero solicitarlo es un deber y
una obligación ciudadana ineludible. Por eso, aunque nuestra voz no sea
escuchada en esas altas instancias, echamos nuestro cuarto a espadas y nos
atrevemos a proponer los mínimos cambios (o reformas) que creemos que serían
necesarios para que los ciudadanos recuperáramos parte de la credibilidad que
hemos perdido respecto de nuestro ordenamiento electoral. Y de nuestra
devaluada democracia.
En primer lugar habría que transparentar lo de los financiamientos,
para evitar que el dinero del narco se blanquee a través de la compra-venta de
puestos de elección popular. Luego se tendría que definir claramente lo que se
entiende como proselitismo y campaña electoral para evitar que desde tres años
antes de una elección, se bombardee a la población con vallas, mupis y
cualquier clase y cantidad de publicidad electorera. Se debería acortar lo más
posible el tiempo de campaña electoral. Y reglamentar el uso de los tiempos de
publicidad en radio y televisión, para que todos los partidos (grandes o chicos)
tuvieran acceso a una misma cantidad de tiempos y espacios.
En ese mismo sentido se debieran establecer verdaderas
multas a los infractores de la ley y no como los actuales simulacros de tales,
que a cada partido político le afectan tanto como quitarle un pelo a un mono.
Respecto de las reelecciones la cosa es sencilla: establecer que los señores
diputados puedan reelegirse por un solo período más. Y que los miembros de los
concejos municipales (alcaldes y concejales) puedan relegirse también por un
solo período más, pero solicitando permiso para retirarse del cargo, sin goce
de sueldo a partir del momento en que soliciten su inscripción como candidatos
y hasta el momento de finalizar el proceso. Y ya de pasada, definir claramente que
no puede optar a la Presidencia y la
vice presidencia, ninguno de los familiares dentro de los grados de ley,
incluido el (o la) conyugue de quien ejerza o haya ejercido alguna de esas
dignidades en cualquier tiempo y forma.
Nosotros no somos “licenciados”
ni sabemos mucho de legislación, pero como decía el Maese don “Clemencio” Marroquín,
“No sé hacer naranjas pero sé cuáles son dulces y cuáles son agrias”. ¿Verdad que no es cosa del otro mundo? No habría necesidad de dar tantos brincos estando
el suelo tan parejo, pero… ¿cree usted que podrá ser verdad tanta belleza?
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